terça-feira, 17 de janeiro de 2017

A latinoamericanização da Lava-Jato

Álvaro Vargas Llosa escreve sobre as ramificações da Operação Lava-Jato na América Latina, obra do nefasto lulopetismo, que engendrou o maior escândalo de corrupção da história brasileira (e, provavelmente, mundial). Passou da hora de abrir a caixa-preta do BNDES, braço de Lula e sequazes junto a tiranias africanas e latino-americanas:


Hasta el acuerdo de reparación que firmó la constructora brasileña Odebrecht con las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil, el caso Lava Jato no tenía ramificaciones continentales para el gran público. Las tenía para una minoría de políticos, periodistas, fiscales, procuradores o jueces, pero todo sucedía en un ámbito acotado. Era el problema de Brasil, no de América Latina.

No tenía mucho sentido que esto fuera así, pues la información era abundante. El esquema de colusión entre el Estado (o la política) brasileño y muchas de las grandes empresas de ese país abarcaba también a muchos otros lugares y los montos eran cuantiosos. Se sabía, por ejemplo, que BNDES, el brazo armado de la obra pública o concesionada del “lulapetismo”, había financiado por lo menos 14 mil millones de dólares de inversiones (mejor dicho: gastos) en infraestructura en América Latina y Africa mediante un total de por lo menos 1.381 créditos otorgados a más de un centenar de empresas. Se sabía también que, dentro y fuera de Brasil, un puñado de compañías o conglomerados -Odebrecht, Andrade Gutièrrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS- habían concentrado buena parte de esa financiación, que muchos de los contratos habían sido opacos o habían entrañado sobrecostos, y que muchas de las obras nunca habían sido concluidas (es el caso, por ejemplo, de buena parte de las contratadas en Venezuela).

Pero el imaginario latinoamericano asociaba todos estos nombres sólo con el escándalo interno cuyo nudo era Petrobras, a la que estas y otras empresas habían prestado servicios a partir de un monumental esquema de sobornos y pagos de favores que abarcaba a la clase política, a la empresa pública y a intereses privados de gran magnitud. En efecto, la dimensión interna de Lava Jato era enorme: se estima que el costo para Petrobras y los contribuyentes brasileños ronda los 13 mil millones de dólares. Para no hablar de los efectos más duraderos, como la pérdida del grado de inversión y la condición de empresa de energía más endeudada del mundo que ahora ostenta Petrobras. Pero tuvo que saberse, gracias a información llegadas desde Estados Unidos, que Odebrecht (y Braskem, su subsidiaria petroquímica) había confesado haber pagado 788 millones de dólares en sobornos para adjudicarse obras en un total de 12 países, 10 latinoamericanos y dos africanos, para que Lava Jato se “latinoamericanizara” del todo.

Si excluimos a Brasil, que nueve Estados latinoamericanos hayan sido nombrados de forma directa y específica por los delatores premiados de Odebrecht en su confesión ha supuesto un salto cualitativo en el caso que tiene entre fascinado y espeluznado a Brasil desde 2014. A partir de ahora, el problema de Brasil es el de todos. El de todos: el de los países nombrados y el de los que no lo han sido. En este último caso, por razones de “expectativa” tanto como de vecindad inmediata: en cualquier momento pueden surgir, desde otra de las empresas o conglomerados relacionados con Lava Jato, nuevas delaciones/confesiones.

Como era de esperar, en buena parte de América Latina los políticos han bramado, los fiscales han hecho anuncios estruendosos, los jueces han dado un golpe en la mesa y los medios de comunicación han empezado a hacer conjeturas acerca de los nombres de los funcionarios que, según la información dada por Odebrecht, recibieron los sobornos. Una información, dicho sea de paso, que está camuflada por las autoridades de los países que firmaron con Odebrecht el acuerdo mediante el uso de seudónimos y documentos reservados.

Carece de sentido, mientras no se haga pública la información exacta, entrar en el juego de la especulación. Se sabe, por ejemplo, que Odebrecht afirma haber pagado cerca de 100 millones de dólares en sobornos en Venezuela, algo más de 90 millones en República Dominicana, unos 35 millones en Argentina, 29 millones en el Perú y un suculento etcétera. Se sabe los períodos en que esos pagos -siempre según la compañía- fueron hechos. Pero no se sabe todavía a ciencia cierta cuáles obras y qué funcionarios son los que la constructora brasileña ha señalado como parte de esta práctica corrupta.

Ya habrá ocasión de saber todo eso. Por ahora, conviene centrarse en otros aspectos del caso Odebrecht, la dimensión latinoamericana de Lava Jato.

Lo primero: ¿Por qué ningún país latinoamericano fuera de Brasil llevó las investigaciones a un punto que permitiera extraer información determinante de manos de Odebrecht y otras empresas brasileñas relacionadas con la corrupción de la obra pública? Una de las razones por las cuales Lava Jato quedó confinado en Brasil para el gran público latinoamericano es precisamente ese: la ausencia de “casos” locales (quiero decir: casos judiciales de gran envergadura y profundidad). Si el sistema jurisdiccional de los Estados Unidos, gracias a la ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, no hubiese jugado el papel que jugó, seguiríamos viendo Lava Jato como un asunto brasileño.

Podrá alegarse -y con algo de razón- que Brasil no otorgó a los distintos países toda la información que, en base a acuerdos de cooperación judicial o simplemente la iniciativa de fiscales o procuradores latinoamericanos, le fue solicitada. En parte fue así porque los brasileños estaban negociando, a escala nacional e internacional, los acuerdos que han ido luego conociéndose y en parte porque sus propias investigaciones no estaban (ni están) concluidas. Pero nada impedía a los sistemas jurisdiccionales latinoamericanos apretar lícitamente las tuercas de las empresas sospechosas para obtener confesiones, por ejemplo. No lo hicieron.

La insuficiencia, mediocridad y debilidad de nuestros propios aparatos de denuncia y castigo, tanto en el ámbito parlamentario como en el jurisdiccional, ha sido puesta, una vez más, al descubierto, y de qué humillante manera.

Una segunda conclusión a la que puede llegarse tiene que ver con la (nueva) desmitificación del populismo de izquierda, tanto en su vertiente democrática como en la dictatorial. El “lulapetismo”, sistema del que Lula da Silva y Dilma Rousseff fueron adalides, privilegió el uso de fondos públicos para sostener políticamente a gobiernos ideológicamente afines, como ya sabemos. En el esquema que manejaba BNDES, el banco de desarrollo, había una dimensión brasileña, evidentemente, pero también, y muy importante, una dimensión extranjera, sobre todo latinoamericana (Africa era otro foco de atención).

El gobierno de Venezuela fue -con diferencia- el más beneficiado por los créditos políticamente dirigidos de BNDES a compañías brasileñas que, mediante el pago de sobornos, se adjudicaron obras (los créditos en este caso ascendieron a más de tres mil millones de dólares). Otros países gobernados por la izquierda como República Dominicana (versión democrática) y Cuba (versión dictatorial) figuran muy alto en la lista, para no hablar de Argentina, donde Odebrecht, gran beneficiaria de los créditos de ese banco estatal brasileño, fue la principal empresa extranjera contratista del Estado bajo el kirchnerismo.

No, desde luego que no olvido a los gobiernos de centroderecha que también formaron parte de la podredumbre. Pero no son esos gobiernos los que tuvieron buena prensa o aura justiciera: al contrario, todos ellos, por ejemplo los mexicanos o peruanos del período en cuestión, fueron triturados en esa gran molienda ética que organizó el populismo contra todo aquel que no estuviera en la órbita del Alba. Mientras el chavismo hablaba de justicia social y vituperaba el imperialismo, formaba parte de un vasto arreglo de sobornos y pagos de favores con el “lulapetismo”, en contra de los intereses de los ciudadanos de Venezuela. Allí están los aeropuertos, puertos, ductos, plantas hidroeléctricas y otras obras que costaron miles de millones y… ¡nunca se terminaron!

Una tercera reflexión que suscita el caso Odebrecht es que la corrupción, aun si es mayor en gobiernos de cierta tendencia en parte porque el populismo debilita las instituciones y por tanto perjudica la labor fiscalizadora, recorre todo el espectro ideológico y político. Ella abarca lo mismo a gobiernos de izquierda que de derecha, a dictaduras y a democracias. ¿Cómo podría la Alianza del Pacífico acabar de fortalecer su imagen, es decir convertirse en un paradigma del desarrollo en la región por oposición al populismo, si tres de sus cuatro miembros, es decir México, Perú y Colombia, están en la lista de Odebrecht? (habrá que ver, por cierto, si Chile, que no está en esta lista, termina incluido en alguna futura confesión de otra de las empresas de Lava Jato).

En cierta forma, el Perú surgió, desde la caída de la dictadura de Fujimori, como un modelo para otros países latinoamericanos. Su crecimiento económico, la expansión de su clase media y la duración de su democracia le dieron al país un prestigio que no había tenido en muchos años. Pero sabemos, por la información que ha llegado desde Estados Unidos, que durante un período que abarca a tres gobiernos, los de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, se produjeron sobornos por 29 millones de dólares para la adjudicación de obras a Odebrecht (cuántos millones más se habrán pagado a otras empresas contratistas, se preguntan muchos peruanos hoy).

Este dato sería grave para la democracia en cualquier caso, peor lo es mucho más si se tiene en cuenta la polarización entre fujimorismo y antifujimorismo que recorre la reciente historia peruana. Todo lo que signifique relativizar la corrupción de los años 90, los de Fujimori, y desmitificar los de la democracia a partir de 2001, hace todavía más difícil prestigiar a ojos de los votantes peruanos las opciones republicanas e institucionales y debilitar las populistas, en este caso de derecha (pero también, por añadidura, las de izquierda).

Algo similar, teniendo en cuenta las diferencias evidentes, sucede en México. Para un Manuel López Obrador es una pera en dulce saber que Pemex, el gigante petrolero estatal, probablemente fue parte de esta trama corrupta en el momento en que se abrieron las puertas al capital privado en 2014, pues Odebrecht fue uno de sus contratistas importantes.

La batalla contra el populismo, aun si el populismo ha sido el mayor jugador del partido de la corrupción, ha sufrido un revés con estas revelaciones. Porque lo que fortalece a las instituciones republicanas no es que sean un poco menos corruptas que los regímenes populistas sino que sepan atajar a tiempo, o castigar pronto, los delitos de colusión entre el Estado y los intereses privados.

Por último: no todo es negro en el horizonte. He sostenido en estos papeles a lo largo de los últimos años que era beneficioso para Brasil pasar por este purgatorio moral, político e institucional. Lo será también para los países latinoamericanos a que, a partir de estas revelaciones, tomen al toro por las astas. Ojalá lo hagan de inmediato e impidan que ese toro se salga por peteneras. (Instituto Independente).

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