sábado, 18 de março de 2017

Retrato da América Latina: justiça especial para os bandidos das FARC.

O barbudo da foto, para variar, é o atual chefete dos facínoras.
A América Latina continua merecendo o epíteto de Latrina: corrupção, impunidade, privilégio para facínoras. É o que aconteceu na Colômbia, violando a vontade dos cidadãos, com os absurdos privilégios concedidos aos narcotraficantes, sequestradores e assassinos das FARC, parceiras de fundação do lulocastrista Foro de São Paulo. A propósito, segue artigo de Carlos Apuleyo Mendoza, um dos autores do "Manuel do Perfeito Idiota Latino-americano":


Fue, sin duda, una intrépida exigencia de las Farc en La Habana que el Gobierno terminó aceptando. Los militares, activos o retirados, la esperan con una sombría inquietud. También, la mayoría de los colombianos, empezando por el fiscal Néstor Humberto Martínez. Me refiero a la piadosamente llamada justicia especial para la paz. ¿Qué es, quién va a integrarla, de qué manera va a sustituir a toda nuestra Rama Judicial? Por no poder dar una clara respuesta a esas preguntas, yo le veía cierta aura fantasmal, hasta que tuve oportunidad de oír a Jaime Castro en una entrevista radial, desnudando este sistema de juzgamiento y mostrando sus peligrosas llagas con un tranquilo rigor de cirujano constitucionalista.

Cinco personajes, tres extranjeros y dos colombianos, forman parte de la Comisión Nominadora, que, con un poder absoluto nunca visto en el país, designará a cerca de cincuenta magistrados a cuyo cargo quedarán juicios y fallos inapelables. El español Gil Robles, el peruano García Sayán y el argentino Juan Méndez son los extranjeros escogidos, respectivamente, por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, el Secretario de la ONU y el Centro Internacional de Justicia Transicional. De esta megacorte formarán parte también los colombianos José Francisco Acuña y Claudia Vaca. El primero es un magistrado con tinte de izquierda, designado por Sala Penal de la Corte Suprema. Ella es una docente, ajena al mundo judicial (no es abogada), vinculada a la industria farmacéutica.

Esta sorprendente Jurisdicción Especial, propia de un Estado fallido, surgió en La Habana, sin duda, por exigencia de las Farc. Su cerebro fue el abogado español Enrique Santiago. Miembro del Partido Comunista de su país, conoce de sobra las ONG europeas de su misma tendencia ideológica. A ella no deben ser ajenos los tres extranjeros designados para formar la Comisión Nominadora. De hecho, tienden a presentar como rebeldes a grupos armados que han surgido en sus países, pasando por alto sus acciones terroristas. Tal fue la condescendencia de Gil Robles con Eta, la de García Sayán con Sendero Luminoso y la de Juan Méndez con los Montoneros. No sería extraño que vean a las Farc como un movimiento insurgente y a nuestras Fuerzas Armadas como el malo de la película.

Jaime Castro nos recuerda cómo la justicia especial para la paz despoja de todo su poder a la Rama Judicial y a todos nuestros órganos de control, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Tendremos, pues, que acatar los fallos y decisiones de esta megacorte, sin derecho a buscar otra instancia. De modo que los magistrados de la justicia transicional tendrán más poder que los magistrados de las altas cortes. Ejercerán funciones judiciales, disciplinarias y fiscales, y sus decisiones –dice Castro– solo serán apelables ante la corte celestial.

Guerrilleros, militares y civiles vinculados al conflicto serán juzgados por la JEP. ¿Tendrán el mismo trato? No lo creo. De hecho, el noventa por ciento de los miembros de las Farc serán amnistiados o indultados, y solo diez por ciento irían a juicio. Narcotráfico, secuestros, extorsiones, asaltos, siembra de minas, voladuras de oleoductos y otros tantos actos de la guerrilla serán considerados conexos al delito político y, por lo tanto, objeto de amnistía y de no extradición. Ningún guerrillero pagará cárcel, apenas restricciones de movilidad. En cambio, los militares que insistan en su inocencia, como conocidos oficiales víctimas de falsos testigos, corren el riesgo de ser investigados y condenados hasta a veinte años de prisión. Igual suerte correrán los civiles que sean señalados de tener nexos con los paramilitares.

No nos engañemos. La justicia especial para la paz, presentada por el Gobierno como la joya de la corona, no es más que una justicia especial para las Farc. (Blog de Montaner).

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